El tráfico de seres humanos es una de las más trágicas experiencias de los mecanismos de explotación de todos los tiempos. Antes fue la esclavitud, los contingentes humanos arrancados de los pueblos africanos para explotarlos de manera brutal en las regiones del Nuevo Mundo. Para acabar con ella, fueron necesarias cruentas guerras civiles, como en Estados Unidos. Si el pasado está poblado de historias oscuras, la civilización contemporánea no escapa de ellas. Hay quienes persisten en esas prácticas, ahora clandestinas o disimuladas, no del hombre por el hombre, sino de organizaciones secretas y sin rostro. El siglo XXI está marcado también por el abominable flagelo.

La Organización de Naciones Unidas reporta que la cifra sobrepasa los 4 millones de personas sometidas cada año a estas prácticas detestables en todo el mundo. Según la ONU, este tráfico perverso produce alrededor de 12 millardos de dólares anuales. Sólo superan estas cifras el comercio de armamentos y el narcotráfico. ¿Por qué estas reflexiones y estas referencias generales al tráfico de seres humanos? La razón es obvia, puesto que el asunto ha estado en la primera plana de los medios venezolanos y latinoamericanos.

Este es el caso: un grupo de ocho médicos y enfermeros cubanos introdujeron esta semana ante un tribunal federal de Florida una demanda contra los gobiernos de Cuba y Venezuela y contra la corporación estatal Petróleos de Venezuela “por haber sido sometidos a trabajos forzados durante sus pasantías por el programa Barrio Adentro”. Estos médicos trabajaron en barrios caraqueños desde 2004 hasta 2008. Uno de sus testimonios indica que “fueron sometidos a trabajos forzados y obligados a atender hasta 80 pacientes por día, las 24 horas del día, 7 días a la semana”.

Entre los demandantes se cuentan los médicos cubanos Julio César Lubián, Ileana Mastrapa, Miguel Mafiud, María del Carmen Milanés, Frank Vargas, Julio César Diéquez y el enfermero Osmani Rebeaux. Entrevistados en Florida, los médicos relataron sus experiencias a los periodistas. El doctor Vargas, de 33 años de edad, dijo: “Nos mantenían bajo vigilancia total, no nos permitían salir ni a un restaurante ni tener amistades, y hasta me privaron de alimentos”. Vargas fue asignado a comunidades del Zulia, de donde logró escapar hacia Colombia y llegar a Estados Unidos en agosto de 2009. La doctora Milanés fue destinada a Valencia y víctima de igual rigor: “No contacto con venezolanos, no restaurantes, no cine”. Relatan que se escondieron, que bajo ese clima de desesperanza decidieron escapar y correr todos los riesgos. La vida se les había convertido en una pesadilla, un campo de concentración que los seguía donde quiera que fueran las 24 horas del día. Según los abogados, otros médicos en iguales condiciones pueden adherirse al juicio.

No imaginamos cuál será el desenlace de este juicio. Lo que interesa plantear dentro del contexto de la denuncia y cómo se resuelva son sus implicaciones éticas y morales para Venezuela. Aquellos son apenas 8 de los 30.000 o más que, según el Gobierno, están en nuestro país, o los han turnado, y es de presumir que en similares condiciones de explotación y de aislamiento. A los 30.000 hay que añadir los que los vigilan, a su vez sometidos extrañamente a los mismos rigores, vigilados por otros.

La presencia de los cubanos en Venezuela es objeto de inquietud dentro y fuera del país. Son demasiado visibles, incluso, allí donde no sería prudente dejarse ver. Este juicio de los médicos tiene una carga devastadora para los gobiernos de Cuba y Venezuela. Cuba, según la demanda, cobra cifras altas por sus servicios y les paga a los médicos con salarios de hambre.
Hay un tribunal al cual deben responder los gobiernos revolucionarios de Cuba y Venezuela. No es una corte de Estados Unidos. Son sus propios pueblos, ahora o después. Fatalmente, porque cuestiones de esta naturaleza no las absolverá la historia.

¡Por la vigencia del Estado de Derecho!
¡Por el respeto a los derechos humanos!
¡Por la unidad de todos para el rescate de la democracia!
 
Movimiento 2D / Democracia y Libertad
www.movimiento2d.org
Caracas, 28 de febrero 2010

“Todo un catálogo de arbitrariedades”

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer el 24 de febrero un informe titulado Democracia y derechos humanos en Venezuela. Un documento extenso, fundado en hechos y testimonios de extraordinario valor. Ha sido descrito como “todo un catálogo de arbitrariedades” que retratan al natural el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías y sus tendencias absolutistas.

Este es un breve sumario de su contenido: “Ausencia de separación e independencia de poderes públicos. Restricciones al ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos. Utilización del poder punitivo del Estado para intimidar, sancionar o encarcelar a los opositores. Represión contra periodistas y medios de comunicación. Creación de grupos paramilitares. Impunidad discriminatoria”.

La respuesta del Gobierno bolivariano, tan seriamente incriminado, ha sido la de costumbre. Ciega. Lo inteligente sería lo improbable: una lectura crítica de sus planteamientos y denuncias para que el régimen rectifique su carrera hacia la autocracia.