El Presidente de la República vetó la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, aprobada por la Asamblea Nacional, y se tomó la libertad de redactar a su manera lo que él considera que debe ser el importante organismo. Es decir, un Consejo Federal de Gobierno que no sea ni consejo, ni federal ni de gobierno.

Los expertos que estudiaron el texto de la ley aprobada por el Parlamento reconocieron que los diputados del oficialismo habían hecho un buen trabajo, que interpretaron con fidelidad la doctrina constitucional y que consagraban en el Consejo la jerarquía debida, al crear un organismo con representatividad y autoridad. Se les otorgaba a sus integrantes, especialmente a los gobernadores de estados y a los representantes de alcaldías y municipalidades prerrogativas y facultades cónsonas con la misión del Consejo. A cualquier alcalde del país se le permitía la posibilidad de apelar ante el CFG en el caso de un problema especial o de una propuesta digna de su consideración. El alcalde metropolitano era miembro nato del Consejo. Obviamente, estaba concebido como un organismo para una democracia.

En otras palabras, el Consejo, tal como fue concebido por el Parlamento, era un organismo apto para la participación nacional, la discusión abierta de los problemas y una toma de decisiones coherente, oportuna y legítima. Las prerrogativas que se les otorgaban a los gobernadores y a los alcaldes, incluido el metropolitano, indignaron al Presidente de la República hasta el punto de atacar públicamente la ley y rechazarla, y de tomarse él la atribución unilateral de redactar aquellos artículos que “perturbarían” su estilo personalista y arbitrario de gobernar. Envió su “ley” a la Asamblea Nacional con instrucciones de que no se le hicieran modificaciones; así ocurrió y, desde luego, el Consejo Federal de Gobierno será un organismo a su imagen y semejanza. Y no servirá para nada.

La guerra presidencial contra el Consejo de Gobierno nació desde el primer día de vigencia de la Constitución. Consagrado en ella, nunca lo convocó. La primera ley aprobada por la Asamblea, en junio de 2005, fue vetada por el Presidente, y desde entonces cayó en el hueco negro de la burocracia. Con la aprobada a comienzos de febrero por el Parlamento, pues, ya sabemos lo que ha sucedido. Ni consejo, ni federal, ni de gobierno. Chávez repudia el propio nombre de “federal” porque para él no existe otra fórmula que el centralismo o, mejor, el personalismo, todo en sus manos. En cuanto al gobierno, sólo acepta compartirlo o declinarlo ante los cubanos. Considera que los cubanos son enciclopedistas y que saben tanto de electricidad como de vudú.

El rechazo al Consejo Federal de Gobierno como fue aprobado por la Asamblea Nacional no es sino la ilustración del modo desordenado de gobernar. Con el Consejo habría tenido que someterse a un orden, una programación, y a la consideración de puntos de vista de representantes de las regiones. Existe fundamento, por tanto, para concluir que no existe sino un responsable de las graves crisis que confronta y confrontará la nación. Venezuela está condenada a quedarse a oscuras; según los técnicos, abril será el mes de la oscuridad. ¿Qué excusa le presentará al país? ¿A quién fulminará? Conviene reconocer, en fin, que la Asamblea Nacional hizo debidamente su trabajo, pero, lamentablemente, se inclinó y aprobó la versión de un Consejo Federal adulterado e ineficiente. Como ese consejo inconstitucional de vicepresidentes que maneja como si fueran marionetas. En una palabra, la crisis tiene un solo nombre: Hugo Chávez Frías.

¡Por la vigencia del Estado de Derecho!

¡Por la unidad de todos para rescatar el país de todos!

¡Unidad, unidad, unidad!

Movimiento 2D / Democracia y Libertad
www.movimiento2d.org

Caracas, 14 de febrero 2010

Aviso a los venezolanos

Manifiesto de los rectores universitarios

Los rectores de las universidades públicas dieron a conocer un manifiesto en el cual se pronuncian sobre los problemas capitales que afronta la nación venezolana. Consideran “un deber moral, ciudadano y académico fijar clara e inequívoca posición sobre acontecimientos suscitados a escaso un mes de inicio del año 2010”. Entre estos graves problemas los rectores advierten sobre el recrudecimiento de la violencia contra los estudiantes, la “invasión de poderes”, o sea, la ocupación de todos los espacios y la interferencia en las decisiones específicamente universitarias.

Otro de los problemas que inquietan a la Asociación de Rectores es el hostigamiento contra las autoridades y contra profesores. Los rectores advierten a la población que han venido “observando un resurgimiento intempestivo de la violencia en los recintos universitarios”.

Frente a estos asuntos conflictivos, anotan otros no menos graves:

“Observamos –dicen– con suma preocupación que los recursos que son necesarios para la formación de los ciudadanos de nuestro país, para el desarrollo de Venezuela y la consecuente solución de los problemas que aquejan a nuestra población, se siguen desviando para financiar proyectos políticos extranjeros, mientras nuestro soberano se sume en el hambre, la miseria y la inseguridad; mientras pierde el disfrute de servicios básicos indispensables como luz, agua y salud, y mientras nosotros hacemos esfuerzos heroicos para mantener la calidad de la educación que suministramos a los jóvenes venezolanos”.

Por último, los rectores anotan la “importación” masiva de forasteros, y sobre el particular se pronuncian así: “Como casas de estudio formadoras de profesionales calificados, reconocidas nacional e internacionalmente, condenamos categóricamente la importación de profesionales extranjeros para resolver un problema que es solucionable con el capital humano profesional y altamente competente que hemos formado durante décadas de transmisión del conocimiento”.

Si bien el manifiesto de los rectores es una apelación a quienes ejercen el poder, su contenido y su significación lo trascienden. Todos y cada uno de los venezolanos debemos asumir la responsabilidad que nos compete. No habrá ni excusa ni perdón para los indiferentes.