Esta semana la mayoría oficialista aprobó en la Asamblea Nacional un crédito adicional de cerca de 1.200 millones de bolívares para el Ministerio de Comunicación e Información. Ese monto se aproxima al del único crédito adicional aprobado este año para gobernaciones, alcaldías y consejos comunales, lo que da idea de las prioridades del Gobierno. En realidad, es apenas un asomo de la magnitud de los recursos públicos dispuestos y por disponer para el aparato de propaganda de la campaña cuyo propósito es, en palabras del presidente Chávez, “cruzar la barrera del no retorno… (para) que el proceso revolucionario no tenga marcha atrás”. A la luz o, más bien, a la sombra del balance actual, se trata de hacer irreversible el desastre nacional.

Las graves e inocultables evidencias del fracaso de casi tres lustros de Gobierno y el debilitamiento de su liderazgo personalista han dejado al desnudo los aspectos más negativos y oscuros de quienes conciben la política como una guerra total y sin tregua. Su propósito final es avasallar, anular, desacreditar y sembrar odio hacia todo el que se atreva a disentir y a recordar que hay un pacto constitucional que cumplir, pacto que incluye la alternabilidad y un amplísimo catálogo de derechos para los ciudadanos.

Esa guerra ha sido llevada a la enorme plataforma comunicacional controlada por el Gobierno, montada a partir del abuso de poder con bienes del sector privado y recursos del Estado.

Paralelamente, los medios privados han sido cada vez más agredidos y presionados a través de toda clase de medidas: suspensión de concesiones; eliminación de pautas publicitarias; diversas formas de censura y limitaciones basadas en disposiciones legales que en esencia son inconstitucionales; confiscación de equipos; multas y procesos judiciales; ofensas, amenazas y violencia contra los medios, sus dueños y periodistas.

Para sumar a Venezuela al coro radical de los gobernantes que quisieran eliminar la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión junto con todo el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, nuestro representante ante la OEA sostuvo que “la dictadura mediática impone la censura y hace más difícil el debate político. (Los medios privados) emiten mensajes de odio”. ¡Vaya espejo!

No hay mejor descripción de lo que se ha propuesto el Gobierno: censurar, impedir el debate de ideas y propuestas –especialmente necesario en una coyuntura electoral democráticamente entendida– y sembrar odio entre los venezolanos. Es una estrategia de agresión permanente contra nuestra aspiración de convivencia pacífica.

La red de medios públicos, en la línea de la política comunicacional del Gobierno, nos agrede a toda hora, de mil maneras. Nos agrede cuando, utilizando recursos del Estado, se coloca al servicio de la ideología, los intereses y la campaña continuista del Presidente. Nos agrede cuando insulta y descalifica a cualquier venezolano; tanto más cuando no vale el derecho a réplica del agraviado ni su protección legal. Nos agrede cuando censura o contribuye al ocultamiento o tergiversación de hechos y datos de interés público. Nos agrede cuando, en violación flagrante de la Constitución, incita odios, resentimiento y violencia.

Esto último es de extrema gravedad y hace ya tiempo que revela semejanzas tenebrosas –en versión cubanizada– con los preceptos goebbelianos: el enemigo en singular y plural (la oposición, el imperio, el capitalismo, entre otros) al que se atribuyen los problemas del Gobierno; la creación y multiplicación de noticias o exageración de amenazas para distraer, silenciar o no tener que responder a la crítica; la vulgarización y repetición de los mensajes (incluidos los insultos y descalificaciones) para su mayor difusión; la explotación de símbolos comunes y el estímulo de resentimientos y prejuicios que alienten actitudes irracionales de apoyo, y, finalmente, la promoción incesante de la legitimidad de un cierto pensamiento único, que induce a cultivar una mezcla explosiva de enemigos, amenazas, insultos, símbolos y resentimientos.

Todo indica que a medida que avance la campaña electoral, que encuentra al Presidente y su gestión de gobierno en el peor momento, arreciarán los más agresivos mensajes de propaganda y control. Ante ellos, como sociedad que ha demostrado su vocación pacífica desde hace más de un siglo, no debemos cesar la denuncia en los medios e instituciones nacionales e internacionales, y la defensa de la libertad de expresión.

¡Contra la dictadura mediática que el Gobierno denuncia mientras la impone!
¡Por la protección de nuestra convivencia pacífica!
¡En defensa de la alternabilidad democrática!

Caracas, 10 de junio 2012
M2D / Democracia y Libertad
www.movimiento2d.org