Con el anuncio del retiro sólo pretende provocar otro escándalo para distraer a la opinión pública

Como si viviéramos bajo una de las dictaduras latinoamericanas del siglo XX, y como si aquí se hubieran conjurado los legados de Augusto Pinochet, Anastasio Somoza, Rafael Leónidas Trujillo y Marcos Pérez Jiménez, por orden del Presidente de la Republica, Venezuela denunciará la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y se retirará de la Corte Interamericana y de la Comisión hemisférica de Derechos Humanos. Evidentemente, la decisión fue producto de un impulso presidencial, inconsulto, que sorprendió a sus propios ministros y a los representantes de los otros poderes del Estado presentes en el Palacio de Miraflores a la hora del discurso.

No era un discurso dedicado a la política internacional ni a las relaciones exteriores; el comandante Chávez Frías tomó la decisión en medio de la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo, como para lanzar un detonante a la comunidad latinoamericana. Es obvio que el Presidente no estaba en condiciones de tomar una resolución que afecta profundamente los intereses internacionales de Venezuela como país y como Estado. Tanto fue así que él mismo remitió el asunto al Consejo de Estado y lo urgió a que se reúna para que le presente un “documento histórico que sirva para Venezuela y para el mundo”. Nadie puede dudar de que el Consejo de Estado se reúna, por fin, después de 13 años, para complacer al Presidente. ¿Quién se atreve a discrepar de él y a observarle que la denuncia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos degrada a nuestro país ante América Latina y ante el mundo? No será el Consejo de Estado el que se diferencie de la complacencia de todas las instancias públicas. De modo que hay que dar como un hecho la arbitraria y absurda iniciativa.

La fanfarria presidencial tiene todas las características de provocar escándalo y echar leña al fuego. Tiene mucho de farsa, y es muy simple demostrarlo, pues al cabo de los años el gobierno del presidente Chávez Frías se ha burlado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de las decisiones de la Corte, y ha desconocido a la Comisión y sus órganos. Incluso, negoció la salida del relator sobre libertad de expresión porque le molestaban sus reportes siempre condenatorios.

Lo verdaderamente trágico es que durante estos trece años el Gobierno ha desconocido la vigencia de la Convención. Es como si no existiera y como si Venezuela no fuera un Estado parte, y no fuera miembro de la Organización de Estados Americanos. De modo que la decisión de retirar a Venezuela de la Corte y de la Comisión no busca otra cosa que la impunidad.
El Gobierno se ha burlado de sus compromisos internacionales, como ha vulnerado la propia Constitución Nacional. Ha impedido de manera agresiva y desafiante las visitas de la Comisión, y ha mantenido una guerra a muerte contra ella.

Los derechos humanos no dependen ni dependerán de los tratados internacionales. Son un derecho no negociable de todos y cada uno de los venezolanos. El Gobierno está necesitado de escándalos para buscar oxígeno en los últimos cinco meses que le quedan. Con esta agresión a los derechos humanos el Gobierno reivindica a Augusto Pinochet, a Anastasio Somoza, a Rafael Leónidas Trujillo y a Marcos Pérez Jiménez. También ellos combatieron y negaron los derechos humanos.

El restablecimiento de la democracia está muy cerca. En 2013, Venezuela regularizará su condición de Estado parte de la comunidad internacional como país civilizado, dispuesto a velar y hacer velar por los altos principios de respeto a las personas. Mientras tanto, nadie impedirá que se acumulen nuevas violaciones al expediente negro que tiene el Gobierno bolivariano. Quizás con estas maniobras el Gobierno sólo busca quedar al margen de las cumbres regionales. Que no lo inviten más, porque cada vez es más impresentable.

¡Por el cumplimiento de los tratados internacionales!

¡Por el respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión!

¡Por la vigencia del Estado deDerecho!