La denuncia presentada por el Gobierno colombiano sobre la presencia beligerante de comandantes y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en territorio venezolano es un hecho de tanta gravedad que compromete la seguridad y la soberanía de la nación. Nadie puede ser indiferente ante estos hechos. Y cuando decimos “nadie”, usamos la palabra de modo consciente. Nadie, ni hombres ni mujeres, ni jóvenes ni adultos, ni militantes de partidos o independientes, profesionales u obreros, nadie.
Ni civiles ni militares podemos ser indiferentes ante la presencia comprobada de 1.500 guerrilleros en 87 campamentos, y de varios comandantes de las FARC estacionados en extensas áreas del territorio venezolano. Los civiles tenemos unos deberes y debemos cumplirlos. Los militares tienen los suyos y están clara y tajantemente señalados por la Constitución Nacional. Son los garantes, en una palabra, de la seguridad y la soberanía de la nación.
Pocas obligaciones tienen los hijos de un país como la de proteger la patria. Ante ese compromiso todo lo demás es subalterno. Los militares de Venezuela conocen bien de qué se trata porque la democracia venezolana les debe en buena medida el haber preservado la soberanía cuando fue violada por enviados de otra potencia extranjera.
Ahora estamos ante una situación extremadamente grave. Está en juego el nombre de Venezuela y su suerte como nación soberana. Está en juego la soberanía, la seguridad de Venezuela como
Estado y la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Los 1.500 guerrilleros que actúan en el territorio nacional son un peligro, en primer lugar para nuestra Fuerza Armada, puesta bajo la amenaza permanente de los irregulares. Pero no sólo se trata, debe decirse, del peligro personal. Se trata de algo más, del crédito y del respeto nacional e internacional de que goza como institución que no puede permitir que el territorio sea violado.
La amenaza no es menos grave para las poblaciones de las regiones occidentales, que han visto alterados sus sistemas de vida, sometidos a los secuestros y a las vacunas, a la violencia y al delito. Esas fuerzas de irregulares actúan como agentes del narcotráfico, y sin duda están involucradas directamente en la oscura red internacional del crimen organizado.
Ha habido cuestionamientos y discrepancias por la escogencia del momento en que se formularon estas denuncias por parte del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, a dos escasas semanas de la entrega del poder.
Daremos nuestra opinión: Habría sido extremadamente grave que algo tan dilemático para Colombia y para Venezuela se dejara en las gavetas de los problemas “por resolver”. Uribe Vélez y su gobierno hicieron muy bien al presentar las pruebas documentales y al reclamar del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías respuestas claras. Como Colombia, la comunidad internacional quiere también esas respuestas claras por parte del Gobierno de Venezuela, y, Chávez puede tener la seguridad de que nuestro pueblo está más interesado que cualquier otro factor en el establecimiento de la verdad.
El Gobierno de Venezuela ha sido acusado de proteger las guerrillas y de darle acogida y tratamiento especial a los comandantes de las FARC. Los documentos son irrefutables. La solicitud colombiana de designar una Comisión de Verificación es, sin duda, comprometedora. Si Venezuela sostiene que las pruebas son “una maniobra mediática”, ¿por qué no acepta la verificación internacional?
Colombia presentó las coordenadas de varios campamentos guerrilleros. ¿Cómo negarse a verificar su ubicación?
Una pregunta más es pertinente: ¿Puede, acaso, quien ampara fuerzas que atentan contra una nación vecina ser parte de organizaciones como Unasur, como Mercosur, como la OEA? En los estatutos de esos organismos están definidos con claridad los compromisos de los estados. La no interferencia es uno de ellos. Al amparar guerrillas que traspasan la frontera para llevar a cabo ataques en el país vecino se viola ese principio. Asimismo, se viola la soberanía al permitir ataques contra su seguridad y la seguridad de su pueblo.
El futuro de Venezuela está comprometido y están comprometidos los territorios ocupados por las FARC. Si los cientos de guerrilleros no se desalojan en el más corto plazo y si los comandantes de las FARC no son detenidos y entregados a Colombia, se pone en riesgo la integridad territorial, además de la soberanía y la seguridad.
¿Tiene alguien la creencia de que esos campamentos son provisionales y de que las FARC los van a abandonar a la primera señal que se les haga? Es posible que estemos frente a una lucha larga y que ya sea tarde para que Venezuela reaccione. Las guerrillas se han mudado de Colombia a nuestro país y, de acuerdo con la documentación presentada ante la OEA, sus instalaciones no son provisionales. Comprendemos la gravedad de esas afirmaciones, pero mayor es la gravedad de sus implicaciones.
El presidente Hugo Chávez Frías no respondió a las denuncias, y optó por la alternativa menos conveniente: decidió romper relaciones. Una opción para no contestar. Pero la cuestión no es tan simple. No somos sólo los venezolanos los que solicitamos una réplica, no es sólo Colombia, es también la comunidad internacional, el sistema internacional, el Derecho Internacional, los tratados y convenciones los que lo apremian y apremiarán en los próximos días.
Las relaciones entre Colombia y Venezuela son vitales para la región andina y para el desarrollo de nuestros proyectos regionales. Tenemos grandes sectores de la población que habitan en las zonas fronterizas, cuyo modus vivendi depende exclusivamente del intercambio.
Como no es concebible una ruptura definitiva, se presenta la oportunidad del arribo al poder del presidente Juan Manuel Santos. Esta será la ocasión para la toma de conciencia sobre la urgencia de reemprender el camino con las cartas sobre la mesa, con la transparencia y la lealtad entre naciones que han recorrido siglos de cooperación.
No hay sino una alternativa, y es el entendimiento, la garantía de la paz, la no intervención y el respeto a los tratados internacionales.
¡Por la transparencia en las relaciones internacionales!
¡Por la expulsión de las FARC del territorio nacional!
¡Por la vigencia del Estado de Derecho!
Caracas, 25 de julio 2010
movimiento 2d democracia y libertad
www.movimiento2d.org
